El panorama político dominicano vuelve a sacudirse tras las recientes revelaciones que apuntan a una red de desvíos de fondos y adjudicaciones irregulares en contratos de obras públicas. Las llamadas a la transparencia no se han hecho esperar, y diversos sectores de la sociedad civil organizada exigen que la Cámara de Cuentas intervenga de inmediato las instituciones señaladas.La población muestra un cansancio evidente ante los discursos de honestidad que no se traducen en consecuencias reales.
"No queremos más comisiones independientes ni promesas de campaña; queremos auditorías con nombres y apellidos y que se devuelva lo robado", manifestaron representantes comunitarios. Este nuevo escándalo pone a prueba la voluntad política del sistema judicial para demostrar si realmente existe un régimen de consecuencias en la República Dominicana o si se mantendrá la vieja práctica de la impunidad selectiva. El país se mantiene vigilante ante lo que podría ser el inicio de un proceso judicial de gran envergadura.
